Gloria Ana Chevesich abordó la polémica por el otorgamiento mediante decreto de disminuir penas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación a menores de edad.
La representante del máximo tribunal aseveró que los casos específicos no llegaron a las cortes para ser evaluados.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó este jueves el otorgamiento mediante decreto del Gobierno de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación a menores de edad.
Tras el primer bloque de una jornada de reflexión del Poder Judicial, la ministra apuntó que los tribunales no se pueden pronunciar sobre estos casos específicos porque no llegaron a las cortes, y que cuando ello sí ocurre, se revisa cada caso en concreto.
“Aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión, y consecuencialmente, si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”, detalló.
En ese sentido, aseveró que “fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene“, agregando que “no me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto”.
Más temprano, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión y argumentó que la determinación se ajusta estrictamente al marco legal vigente a las garantías fundamentales.
Rebaja de penas a presos de Punta Peuco
Por otro lado, el medio Interferencia reveló que el Gobierno de José Antonio Kast también otorgó rebajas de penas a presos de Punta Peuco, condenados por secuestro y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La senadora Karol Cariola (PC) calificó tal decisión como una “provocación a la ciudadanía”, apuntando a que revela que el Ejecutivo no tiene “ningún respeto por la memoria histórica ni por los niños y niñas víctimas de abusos sexuales”.
La parlamentaria fustigó que “los pocos condenados por violaciones a los derechos humanos que hay en nuestro país sean premiados con reducción de sus penas. Es insólito e indignante”.
El senador socialista Fidel Espinoza aseveró que los beneficiados en este caso mantienen un “estado de salud óptimo”, de modo que acusó “un grave error del Gobierno del Presidente Kast y del ministro Rabat, porque con eso no hay ninguna posibilidad de diálogo en las otras materias que estábamos abiertos a trabajar”.
Por su parte, el diputado PS Raúl Leiva exigió que desde La Moneda “se informe adecuadamente cuáles fueron los fundamentos, y además, que la Contraloría General de la República analice la pertinencia de esta política pública de rebaja de condenas por parte del Gobierno del Presidente Kast”.
Eventual acusación constitucional contra Rabat
En cuanto a una eventual fiscalización al titular de Justicia, su par de la DC Héctor Barría advirtió: “No vamos a descartar ningún tipo de acción: desde una acusación constitucional hasta leyes que eviten que este Gobierno y cualquier otro, pero sobre todo este, que prometió más seguridad, siga rebajando condenas”.
A su vez, el diputado y timonel de la Falange, Jorge Díaz, adelantó que iniciará una ronda de conversaciones con los jefes de bancada de oposición, más el Partido de la Gente, para analizar la presentación de un libelo contra el ministro Rabat.
“La única alternativa que le queda a la oposición es presentar una acusación constitucional contra el ministro”, aseguró el líder de la DC.
Para el diputado socialista Daniel Manouchehri, “hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder estos beneficios“, por lo que “nuestros equipos jurídicos están analizando” la pertinencia del juicio político.
En tanto, su par del PPD José Montalva matizó: “Si hay espacio para que el ministro pueda revocar esas decisiones administrativas, que lo haga ya”.