A partir de los medios de prueba presentados en audiencia de Juicio Oral se pudieron
acreditar los delitos de fraude al fisco y cohecho, respecto de quien cumplió funciones
de administrador municipal y alcalde subrogante.
La mañana de este viernes se conoció el veredicto condenatorio que obtuvo la
Fiscalía de Atacama en una audiencia de Juicio Oral en que se acusó a un
exfuncionario de la Municipalidad de Tierra Amarilla, quien fue declarado culpable
como autor de los delitos de fraude al fisco y cohecho.
Cabe recordar que la audiencia en que la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía
de Atacama comenzó a exponer los antecedentes reunidos en esta indagatoria
denominada “Caso Cordeta” se inició en el mes de marzo, periodo en que el fiscal
Luis Miranda Flores argumentó medios de prueba y resultados de peritajes
desarrollados junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Laboratorio de
Criminalística (Lacrim) de la PDI. Material probatorio que reveló la actuación ilegal del
administrador municipal de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes Cabrera, quien
además cumplía funciones de alcalde subrogante.
“Respecto de este caso y tras la realización de la audiencia de Juicio Oral, este
viernes se dictó la sentencia condenatoria por el delito de fraude al fisco y cohecho,
esto es defraudar el patrimonio público y solicitar algún beneficio económico irregular
por concepto de la infracción de deberes asociados al cargo. Hechos que están
vinculados a la creación de una Corporación en el año 2015 y su vinculación con la
Municipalidad de Tierra Amarilla”, dijo el fiscal.
Según la acusación de la Fiscalía, la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo
Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta) fue creada en el mes de diciembre del
mencionado año, iniciándose desde ese momento la ejecución de contratos de
prestación de servicio de manera irregular, estando el primero de ellos relacionado a
tareas de aseo, seguridad, apoyo técnico y soporte informático con la empresa Likar
Spa por un monto superior a los 300 millones de pesos, el que no se enmarcó a los
conductos regulares y legales, permitiendo la contratación de personas cercanas al
alcalde de la época y otras funcionarias por servicio que nunca se ejecutaron. Todo lo
cual fue acreditado durante la realización de esta audiencia fruto del trabajo
investigativo de la Fiscalía y la PDI.
Luis Miranda agregó que, una vez conocida la condena, la Fiscalía solicitó al Tribunal
Oral imponer al imputado penas privativas de libertad, inhabilitaciones para la
ejecución de cargos públicos, además del pago de multas. Peticiones a las que se
sumó el Consejo de Defensa del Estado que actuó como parte querellante.
Finalmente, Miranda informó que la audiencia en que se conocerán las penas que
deberá cumplir el exfuncionario del municipio tierramarillano se realizará el próximo
martes 12 de mayo.