La jornada de este lunes culminó la entrega de antecedentes como parte de la
formalización de esta compleja causa que indaga una afectación fiscal que supera los
mil millones de pesos.
Luego que este lunes la Fiscalía de Atacama culminara con la exposición de los
antecedentes de la formalización de las tres aristas del caso “Operación Vía Crucis”
que indaga delitos de corrupción, apropósito de procedimiento de compras de
insumos irregulares detectados en Gendarmería, Ejército y el Servicio de Reinserción
Social Juvenil (Ex Sename). La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión
preventiva en contra de los funcionarios públicos que son indagados en esta causa,
en contra de quienes se argumentó la información reunida en la etapa investigativa de
este caso.
Durante la audiencia, la Fiscalía se refirió a la información que dio cuenta de los actos
irregulares detectados en la Arista del ex Sename y del Ejército, específicamente en el
Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”.
La exposición de ambas líneas investigativas dejó de manifiesto que el modo de
operar era similar a la arista “Gendarmería” indagada en Atacama, y que se refiere a
la adquisición de insumos por parte de las instituciones mencionadas mediante la
actuación ilegal de funcionarios públicos imputados en esta causa, quienes se
coordinaban con los particulares que administraban las Comercializadoras Santa
María y FyF Spa.
“Hoy, en esta cuarta jornada, se terminó la audiencia de formalización, pudiendo
argumentar que es una investigación que surge tras una denuncia reservada hecha
por Gendarmería y que ilustró acerca de mecanismos fraudulentos de adjudicación de
insumos relacionados con procesos de compra de alimentación para el Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Copiapó”, dijo el fiscal Luis Miranda Flores.
Respecto de hechos sometidos a la investigación, el persecutor indicó que la Fiscalía
junto a la labor operativa de la Bridec y Brilac de la PDI logró acreditar cinco
mecanismos en cada una de las aristas indagadas que llevaron a la comunicación de
cargos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de
activos.
“Bajo cada uno de estos conceptos se pudo advertir que a partir de esta infracción de
los deberes del cargo de los distintos funcionarios públicos obtuvieron beneficios
económicos irregulares que se tradujeron en transferencias efectuadas por los
imputados propietarios de las empresas involucradas. Estamos hablando de los cuatro
funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en Copiapó, a una funcionaria
del Sename que se desempeñaba en el CIP-CRC de San Bernardo y un funcionario
del Ejército. Cabe mencionar que en esta causa se solicitó el alzamiento del secreto
bancario extendido para reunir más antecedentes de los movimientos realizados”, dijo
Miranda.
Sobre los beneficios que recibieron los imputados que se coordinaron con los
representantes de las mencionadas empresas, el fiscal Miranda indicó que la
Unidad de Comunicaciones
Fiscalía Regional de Atacama
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investigación acreditó que hubo transferencias bancarias que iban desde los 200 mil
pesos hasta los 2 millones 500 mil pesos, monto que luego era redistribuido entre los
imputados. Agregando que también hubo distribución de mercadería.
Luis Miranda indicó que la investigación en todas sus aristas estableció un perjuicio
fiscal del orden de los mil 111 millones de pesos.
Cabe mencionar que este lunes se sumó a la audiencia el Consejo de Defensa del
Estado, entidad que presentó una querella frente a los antecedentes conocidos. En
este sentido, la abogada Marsella Rojas, indicó que esta entidad se hizo parte en la
causa respecto de los funcionarios públicos involucrados y los particulares. “La
querella está acorde con los hechos formalizados frente a la investigación del
Ministerio Público y que busca perseguir la responsabilidad de los funcionarios,
participando desde este momento en cada una de las actuaciones que se desarrollen
en esta causa y ante una eventual audiencia de Juicio Oral”, indicó.
MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS
Luego de la entrega de los medios de prueba que sustentaron la extensa
formalización de cargos, la tarde de este lunes la Fiscalía argumentó la solicitud de la
medida cautelar de prisión preventiva para todos los funcionarios públicos
investigados. Debate que continuará este martes son la exposición de las respectivas
defensas. Mientras que, con relación a los particulares, quienes tienen un tipo penal
distinto, se solicitó el arresto domiciliario total, además del arraigo nacional.