En los últimos años, Chile ha dado pasos significativos hacia una nueva institucionalidad
para abordar de manera más justa y especializada las distintas realidades que viven
niños, niñas y adolescentes. Uno de estos avances es la creación de dos servicios
públicos especializados que reemplazan al antiguo SENAME, una institución que durante
décadas intentó —sin éxito— responder a dos misiones profundamente distintas: por un
lado, la protección de la infancia vulnerada; por otro, la responsabilidad penal
adolescente.
La separación de estas funciones en dos servicios distintos, radicados incluso en
diferentes ministerios, era un anhelo transversal largamente esperado. Así lo recogieron
durante años las cuentas públicas presidenciales y las recomendaciones internacionales,
especialmente del Comité de Derechos del Niño. Separar funciones no es solo una
decisión técnica; es también una decisión ética que reconoce que las trayectorias de vida
y las necesidades de los adolescentes no son homogéneas y no pueden ser abordadas
bajo una lógica única.
Hoy, con ambos servicios ya en funcionamiento, el desafío que enfrentamos es dar un
paso más: asegurar que esta nueva institucionalidad no solo exista, sino que
efectivamente funcione. Que el Estado cumpla de manera integral sus dos deberes hacia
la niñez y adolescencia: reparar el daño de quienes han sido víctimas de vulneraciones
—la mayoría dentro de sus propias familias— y, al mismo tiempo, acompañar a quienes
han cometido delitos, promoviendo su responsabilización, pero también creando
condiciones para su cambio y reinserción.
Este doble mandato exige mirar con realismo las trayectorias de vida más complejas.
Muchos adolescentes que hoy son parte del sistema de justicia juvenil han vivido,
también, múltiples vulneraciones. No se trata de una falla del sistema, sino de una
realidad compartida en todo el mundo: existe una intersección entre quienes han sido
víctimas y quienes han ejercido violencia. Como señaló el presidente Gabriel Boric en su
reciente cuenta pública: “Es posible romper ese destino trágico en que la pobreza
condena a algunos a la delincuencia. Hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito, no
podemos dejar a esas personas a su suerte”.
Ese es precisamente el sentido del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que
comenzó su funcionamiento en 2023. No basta con sancionar: hay que ofrecer caminos. Y
para que esos caminos existan, se requiere coordinación interinstitucional y enfoque
especializado. También implica superar miradas simplistas y dicotómicas —víctimas
versus victimarios— y ser capaces de ver a los adolescentes en toda su complejidad, sin
renunciar nunca a la posibilidad del cambio.
Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil asumimos con convicción este desafío.
No solo trabajamos para que adolescentes que han infringido la ley enfrenten con
responsabilidad sus actos, sino también para que encuentren oportunidades reales.
Sabemos que la reinserción no es un gesto simbólico: es una tarea concreta, difícil y
profundamente necesaria. Y es, como dijo el presidente, un deber moral de toda la
sociedad.
Rocío Faúndez García
Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil