El lunes 11 de agosto, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó
la promulgación de la Ley “Más Mujeres en Directorios”, normativa que busca
promover una economía más inclusiva y justa, abordando la baja participación
femenina en espacios de incidencia y toma de decisiones.
Actualmente, en Chile, el 54% de los directorios de las grandes empresas están
compuestos exclusivamente por hombres. Para revertir esta situación, la ley
establece una cuota máxima sugerida del 60% para el género con mayor
representación en los directorios de las empresas.
El proyecto, impulsado por la actual administración y aprobado en el Congreso
Nacional el pasado 23 de julio, contó con el apoyo de organizaciones de la
sociedad civil como Comunidad Mujer, la Red de Mujeres en Alta Dirección
(RedMad), el Instituto de Directores de Chile y Chile Mujeres.
La Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Atacama, Makarena Arias, valoró
la promulgación de esta ley, destacando su relevancia para avanzar hacia una
mayor equidad en los espacios de liderazgo: “Esta nueva ley permite que Chile
avance con una economía más inclusiva y justa, espacios más diversos son
espacios más productivos. Es un paso concreto hacia un país donde las niñas
crezcan sabiendo que pueden aspirar y llegar a cualquier espacio de poder. La
nueva normativa hará que Chile avance decididamente a una participación más
igualitaria en la toma de decisiones de la empresa, lo que no solo tendrá un efecto
positivo en el desempeño de la empresa, sino que también un impacto sustantivo
en equidad de género en todo nivel de la organización.” agregó la autoridad.
La normativa regulará la composición de los directorios de las sociedades
anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, con una
implementación gradual: en los primeros tres años, la sugerencia para las
empresas será establecer una cuota de 80%; desde el cuarto año, de 70%; y a
partir del séptimo año, de 60% de forma permanente.
La Comisión del Mercado Financiero (CMF) evaluará el cumplimiento a partir de
los seis años de la publicación de la ley. Si detecta empresas que no adoptaron la
cuota sugerida, podrá aplicarles una cuota obligatoria transitoria por cuatro años;
si cumplen, volverán al régimen de cuota sugerida.