Gobierno Regional impulsa alianza estratégica para enfrentar los Pasivos Ambientales Mineros en Atacama

Convenio intersectorial establece acciones concretas para la gestión, priorización y remediación de
sitios con potencial riesgo, con énfasis en la protección de la salud de la población.

Con el objetivo de avanzar en una gestión integral y coordinada de los Pasivos Ambientales
Mineros (PAM) en la región, se llevó a cabo la firma del “Convenio de Colaboración y Cooperación
Intersectorial Pasivos Ambientales Mineros, Región de Atacama (PAM)”, una alianza estratégica
que permitirá fortalecer la identificación, priorización y tratamiento de estos sitios, resguardando
especialmente la salud de las comunidades expuestas.
El acuerdo reúne al Gobierno Regional de Atacama, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Atacama MINVU, la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama, la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama, la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente de Atacama, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), consolidando
un trabajo intersectorial orientado al manejo integral de los relaves y otros pasivos ambientales
presentes en el territorio.
En este sentido, El Gobierno Regional de Atacama desempeñará un rol clave en la articulación y
respaldo de las iniciativas que surjan de la Mesa Técnica PAM, especialmente en aquellos sitios
que hayan sido intervenidos mediante proyectos de remediación o saneamiento ambiental,
posibilitando la modificación de uso de suelo cuando los proyectos se ajusten a los planes
propuestos por la instancia interinstitucional.
Al respecto el Gobernador Regional, Miguel Vargas, señaló: “Son varias las instituciones que están
expresando su voluntad de querer hacerse cargo de un problema que afecta a la comunidad,
claramente la existencia de pasivos ambientales o de relaves podríamos decir, casi abandonados,
que están en distintos puntos de la región, preferentemente en el sector urbano, es uno de los
temas de preocupación en el ámbito ambiental”.
“Este equipo obviamente se va a proponer trabajar de una manera muy realista, porque también
tenemos que tener la colaboración de quienes son los propietarios de estos relaves, que son los
principales responsables respecto de los impactos que estos pasivos generan y en eso vamos a
pedir colaboración, pero también queremos transmitir que el Estado va a ejercer todas sus
facultades con tal de hacerse cargo de este problema”, añadió la máxima autoridad regional.
Objetivo del convenio
Dicho convenio establece un vínculo de cooperación basado en la implementación de acciones
concretas para el manejo integral de los pasivos ambientales mineros, poniendo especial énfasis
en; la identificación de riesgos asociados a estos sitios, la priorización de aquellos con mayor
impacto potencial, la implementación de medidas de eliminación, mitigación o control y la
protección de la salud de la población expuesta. Este trabajo conjunto permitirá avanzar hacia
soluciones sostenibles, integrando criterios técnicos, ambientales, territoriales y sanitarios en la
toma de decisiones.

“Son 138 relaves en distintas magnitudes que afectan a la salud de la población, de la región y por
lo tanto este convenio lo suscriben distintos servicios con el objetivo de realizar acciones muy
importantes como por ejemplo generar una política regional de pasivos ambientales, minero y un
plan de acción que permita abordar con distintos niveles.
Primero, diagnosticar, abordar con qué está compuesto, es decir, su composición química, física.
Cómo se puede remediar, qué acciones podemos abordar, principalmente y que tiene que ver con
mitigar o evitar la exposición de estos pasivos en la población”, manifestó la Seremi del Minvu,
Rocío Díaz.
Compromisos institucionales
En el marco del acuerdo, la SEREMI MINVU asumirá la coordinación de la mesa de trabajo
intersectorial, incorporando restricciones e incentivos en los instrumentos de planificación
territorial respecto de áreas vinculadas a relaves, además de gestionar y diseñar procesos de
remediación de pasivos ambientales mineros urbanos para la recuperación de suelos destinados a
equipamientos y espacios públicos.
Respecto al papel de desempeñarán los demás servicios, la Seremi de Minería participará
manteniendo comunicación con los gremios del sector y difundiendo avances de políticas públicas
relacionadas con relaves. La Seremi de Salud, contribuirá desde el ámbito sanitario-ambiental,
facilitando información relevante entre las partes y apoyando la solución de problemáticas
asociadas, siempre dentro de sus competencias.
En tanto, la Seremi del Medio Ambiente desarrollará una consultoría para la elaboración de la
Política Nacional de Sitios Contaminados y un Plan de Acción Regional para Atacama, el cual
contemplará un proceso participativo para la identificación, priorización y definición de medidas.
Asimismo, impulsará la implementación del plan a través de la Mesa Técnica PAM y difundirá el
catastro de sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC).
Desde el punto de vista local, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, indicó: “Atacama es la
segunda región en Chile con mayor cantidad de relaves, y Copiapó es la comuna más afectada por
esta realidad. Desde el municipio estamos comprometidos a cumplir con nuestra parte,
difundiendo este plan a nivel local para que la comunidad conozca el trabajo de la mesa
interinstitucional, antes del ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, incorporaremos en nuestro Plan Regulador Comunal las disposiciones necesarias para
permitir la modificación de usos de suelo en áreas con relaves que hayan sido abandonados y
solicitaremos que los titulares se acojan voluntariamente al plan de retiro de relaves en suelo
urbano según las especificaciones ahora establecidas”.
Cabe destacar que el convenio comenzará a regir desde la fecha de su suscripción y tendrá una
vigencia de cuatro años, renovables por periodos acordados entre las partes. En caso de no
renovación, cualquiera de las instituciones deberá informar con al menos 30 días corridos de
anticipación al término del periodo respectivo.

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