Hace unos años atrás, los bancos tenían permitido legalmente ofrecer distintos
productos financieros a estudiantes de educación superior en universidades e
institutos.
De esta forma, los alumnos entre 18 a 29 años y sin ingresos propios, podían contar
con instrumentos como cuentas vistas, corrientes, tarjetas de débito, líneas de
crédito, entre otros.
En ese entonces, el SERNAC realizaba diversos informes y radiografías sobre esta
temática, dada la importancia de la Educación Financiera y sus riesgos en esa etapa
de la vida estudiantil.
Pero la ley cambió. El Reglamento de Análisis de Solvencia Económica e información a
los consumidores y la Ley del Consumidor, prohibieron ofrecer la contratación de
productos de crédito que no tengan relación con el financiamiento de la prestación de
servicios educacionales y a la publicidad o marketing de los mismos.
Por ello, tras una fiscalización en terreno realizada por el SERNAC en universidades de
diversas capitales regionales del país, presentó denuncias judiciales contra Banco
Santander y Banco Itaú, tras constatar que estas entidades ofrecen y publicitan
tarjetas de crédito y cuentas corrientes al interior de los campus educacionales.
Este tipo de ofrecimientos, dirigidos a estudiantes jóvenes sin ingresos estables, los
expone a endeudamientos tempranos y riesgos financieros graves, incluso antes de
iniciar su vida profesional.
El SERNAC considera que este tipo de conductas no sólo vulneran la ley, sino también
la confianza que debe existir entre las personas consumidoras y las instituciones
financieras.
El Servicio solicita a la justicia la aplicación de las máximas multas a Banco Santander
y Banco Itaú, las cuales pueden llegar a las 1.500 UTM (más de $100 millones).
Además, a través de esta denuncia se busca que estas entidades terminen
definitivamente con este tipo de prácticas, que la ley prohíbe expresamente si no
están ligadas al financiamiento educacional.
Tener un mercado competitivo, pero a la vez transparente, y especialmente
respetuoso de los derechos de los consumidores, requiere que cada día las empresas
sean más profesionales y respeten estrictamente las diferentes normas que las
regulan, para entregar mejores servicios a los consumidores.
Por otro lado, es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, pues le permite
ejercerlos cuando sienten que han sido vulnerados, reclamando y exigiendo a las
empresas soluciones cuando se presenta un problema.