Según la información entregada tanto por uno de los fiscales que lleva la causa,
como por el abogado querellante, en este caso en particular, el segundo de este
tipo formalizado en la región de Atacama “se ven palmariamente los tres tipos de
violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer”, es decir física, sicológica y
económica.
Entre los argumentos que llevaron a determinar la medida cautelar de prisión preventiva,
además de la violencia habitual, fue la conducta reiterada por parte del imputado quien
habría actuado de la misma forma con la pareja que tenía antes de conocer a la víctima,
por lo cual tendiendo el perfil criminógeno del sujeto su libertad es un peligro para las
mujeres.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el imputado de iniciales H.B.M tras la
formalización de la investigación por el delito de suicidio femicida ocurrido en Copiapó en
septiembre del año 2023. Se trata del caso de Raquel Valentina Gutiérrez, quien tenía 22 años al
momento de su deceso. Según la querella presentada por su familia, la muerte de la joven abrió
una arista desconocida para ellos, amigos y cercanos dejando al descubierto el maltrato habitual
que sufría la joven de parte de quien entonces era su pareja.
Los hechos argumentados por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González en conjunto con el
abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados Defensa y Justicia, Verardo Rojas,
abogado dieron cuenta de los medios de prueba reunidos junto al trabajo de detectives de la
Brigada de Homicidios de la PDI luego de los primeros antecedentes que alertaron sobre la
dinámica de violencia de género que cometía el imputado previo al desenlace fatal de este caso.
Es así como se tomó declaraciones a familiares y amistades de la víctima, además de recabar
evidencia audiovisual que comenzó a validad la hipótesis de la Fiscalía en relación con el nexo de
causalidad entre las acciones del imputado y la muerte de la víctima.
En la audiencia intervino además el fiscal Ariel Guzmán Moya aportando el trabajo jurídico llevado
a cabo con la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional debido a lo complejo de la
causa, por tratarse de un delito relativamente nuevo y jurídicamente complejo.
Al respecto, Verardo Rojas, abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados
Defensa y Justicia, quienes asumieron el patrocinio de la causa por petición de la familia en
octubre de 2024 debido a la demora de los organismos públicos en el avance del proceso,
manifestó que “el día de hoy se realizó la formalización de cargos y se decretó la prisión
preventiva por un peligro para la seguridad de la sociedad y se dio un plazo de investigación de
cuatro meses. (…) Quiero señalar que se acogió la tesis de esta parte querellante y de la fiscalía en
relación a que actualmente hay un peligro para la seguridad de la sociedad por parte de este
imputado, debido a que no solamente tenía causas del juzgado de familia de Copiapó, sino que
también tenía una causa contra otra víctima de maltrato habitual. En ese sentido la Ley 21.523,
más conocida como Ley Antonia da ciertos tipos de criterio para señalar cuando hay violencia en
este tipo de ilícitos, y en este tipo de ilícitos hay violencia de género cuando hay violencia tanto
sicológica, económica, incluso física, que es la más palmaria en este caso, que ha acreditado la
existencia y participación en este delito el día de hoy”.
El abogado querellante agregó que “había un maltrato recurrente por parte del imputado a doña
Raquel y es una relación que ya desde finales de 2021 y durante 2022 tomó otros ribetes, inclusive
la violencia él la ejercía, en ese año 2022, ya estando ella embarazada, y posteriormente en marzo
de 2023, ella teniendo una hija. Este caso es bien especial porque estaban los tres tipos de
violencia: La violencia sicológica, la física y la violencia económica que él ejercía (…) La decisión
lamentable del deceso de la víctima el 21 de septiembre de 2023 tuvo que tomar esta decisión
porque era un callejón sin salida, totalmente la violencia estaba desatada el año 2022 por distintos
tipos de agresiones, como lo dan los informes policiales tanto de carabineros de Chile como Policía
de Investigaciones y la especialidad que tiene este caso es que se ven palmariamente los tres tipos
de violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer, y en este caso, también él tenía
casusas pendiente con otro tipo de víctima, por casos de misma naturaleza, es decir, había un
maltrato habitual en otra causa”.
Ariel Guzmán, fiscal adjunto de Copiapó, argumentó que “hemos formalizado la investigación por
este segundo caso de suicidio femicida en Atacama y si no me equivoco está entre los primeros
cuatro a nivel nacional. Este caso tiene asignado dos fiscales acá en la ciudad, el fiscal jefe
Christián González y quien habla, se ha contado también con el apoyo de la unidad de género de la
fiscalía nacional, de la propia directora de la unidad de género fiscalía nacional. Se ha hecho con
ella una investigación que alguien podría decir que ha sido extensa, pero es justamente por eso ha
sido lo suficientemente sólida para hacer hoy día esta formalización y obtener un resultado bueno,
como es la medida cautelar más intensa que es la prisión preventiva. Este caso, como digo, ha sido
investigado desde un inicio con bastante intensidad, con bastante relevancia, eso nos ha permitido
este resultado. El día de hoy se expusieron bastantes antecedentes, bastante sólidos para todos
los elementos que componen un delito nuevo y complejo como es el suicidio femicida,
básicamente toda la existencia previa de una serie de actos de violencia de todo tipo, física
sicológica y económica de parte del imputado”.
“Como fiscalía estamos bastantes satisfechos, con este primer paso de prisión preventiva obtenida
al día de hoy, quedan todavía diligencias por realizar que se harán durante el periodo de cuatro
meses que es el que ha dado el tribunal para continuar esta investigación. Por lo tanto, por el
momento satisfechos por este primer importante paso. Decir lo que indican en algunos carteles
que están por acá, se logró el primer paso de justica para Raquel”, afirmó el fiscal.
FAMILIA Y AMIGOS
En torno a lo ocurrido, y en representación de la familia, el padre de la víctima, Cristian Gutiérrez,
expresó con lágrimas en los ojos que “para nosotros ha sido un periodo súper largo, que no hemos
podido cerrar un ciclo o vivir un duelo de una u otra manera más tranquilos, pero si, por fin se
logró el avance de esta investigación, arrojó la prisión preventiva, que eso como familia nos da una
tranquilidad enorme, saber que esta persona va a estar cumpliendo prisión por los hechos
cometidos. Obviamente hay una investigación para que arroje la sentencia final que es lo que
estamos esperando nosotros”.
En cuanto a lo que la familia espera de la justicia, el padre manifestó que “se ha demorado. Yo sé
que no solamente en nuestra región sino que a nivel nacional se demoran estos temas y siento
que estamos con todo el apoyo, el apoyo de nuestra hija que nos está dando desde el cielo. Hay
una denuncia anterior con otra víctima lamentablemente, por eso nosotros estamos pidiendo a
través de la fiscalía junto a nuestro abogado querellante que tomen la determinación de dejarlo
en prisión preventiva por el daño a la sociedad, y más que nada a las próximas mujeres que él
pueda conocer y puedan llegar a lo mismo. Hasta el momento en las relaciones que él ha tenido
lamentablemente llegó a un final fatal, que fue que mi hija perdiera la vida, llegando a este
callejón sin salida que tuvo que tomar esa decisión tan fuerte por causa de esa persona (…) No
queremos que siga sucediendo esto. Para las niñas que estén en un caso similar, que hablen, que
puedan expresar todo el dolor que ellas llevan y que están sufriendo, para que no pase lo que le
pasó a mi hija, que llegó a quitarse la vida justamente por el daño que esta persona le hacía”.
Por su parte, Ignacia Morales, vocera del grupo de amigas de Raquel, afirmó “lo que esperamos
con la prisión preventiva es que en primera instancia, en caso de que él pueda apelar que esta de
todas formas se mantenga, ya que por algo fue la decisión dictaminada por la jueza, y en general
en cuanto al proceso lo que esperamos como grupo de amigas, es que nada más y nada menos
que obtener justicia. Este primer paso es un abrazo importante a nuestra lucha. Ha sido una lucha
difícil, larga de ya casi dos años, donde esta decisión viene a abrazar todo lo que hemos vivido
hasta ahora y lo difícil que ha sido”.
El periodo para la investigación para este caso fue fijado por 4 meses. El suicidio femicida tiene
una pena que va de presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo de tres años
y un día a 10 años.
Cabe recordar que este caso, es el segundo formalizado por este delito en la región, sumándose a
la causa que en enero de este año se formalizó en Caldera-por el caso de la muerte de la joven
madre Catalina Rojas- instancia en que el imputado también quedó con la medida cautelar de
prisión preventiva.