Fiscalía acreditó delito de abuso sexual y condenado cumplirá pena de 10 años de cárcel

Luego de una investigación a cargo de la Fiscalía Local de Copiapó, en la que se indagó un
delito de abuso sexual en contra de una menor de edad ocurrido en Tierra Amarilla, el caso fue
argumentado en audiencia de Juicio Oral, instancia en que se obtuvo la condena del acusado
quien fue sentenciado a una pena efectiva de cárcel.
De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal a cargo de estas investigaciones en la
capital de Atacama, Guillermo Zárate Chacana, los delitos de abusos sexuales son complejos
de acreditar por las características que presentan y porque en muchas ocasiones la prueba
testimonial de las víctimas lleva gran parte del peso de la prueba al no existir evidencia
científica que indagar.
Respecto de este caso, una vez que la Fiscalía Local de Copiapó tomó conocimiento de los
hechos, ordenó las diligencias respectivas a personal especializado de la PDI con la finalidad
de reunir antecedentes que llevaran a establecer la responsabilidad del imputado, quien es
cercano a la familia de la niña y visitaba su domicilio de manera frecuente. De manera paralela
la afectada fue derivada a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional, cuestión
que en este tipo de causas permite apoyar, orientar y guiar durante el proceso penal de la
investigación.
“El resultado de las pericias ordenadas por la Fiscalía llevó a la convicción que el imputado,
quien no contaba con antecedentes penales anteriores, tuvo participación directa en los hechos
denunciados, motivo por el cual el Ministerio Público redactó la acusación en su contra para
luego presentar los medios de prueba ante los Jueces del Tribunal Oral”, dijo el fiscal Zárate.
En el juicio, el cual se desarrolló tomando todas las medidas sanitarias para la seguridad de
todos los intervinientes, la Fiscalía demostró la participación del acusado, quien fue condenado
por su responsabilidad en calidad de autor reiterado del delito de abuso sexual impropio hecho
por el que fue sentenciado a la pena de 10 años de cárcel. Sanción que deberá ser cumplida
de manera efectiva, al no conceder el Tribunal beneficios alternativos.

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