El Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas– durante la duración del estado de emergencia por la pandemia de Covid-19.
La iniciativa fue visada por 28 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones, estas últimas principalmente de parlamentarios oficialistas de la UDI que cuestionan la constitucionalidad del texto.
Esta nueva ley permite posponer el pago de estas cuentas hasta superada la emergencia y con la posibilidad de hacerlo hasta en 12 cuotas sin intereses, como prefiera el cliente; además comenzará a regir para cuentas cuyo vencimiento fue el 18 de marzo en adelante, hasta 90 días después de publicada la ley.
El beneficio debe ser solicitado por las personas a las compañías para que sea activado, mientras que usuarios que eventualmente tengan los suministros cortados por no pago, tendrán el derecho a la reposición sin costo.
En el caso de quienes mantengan deudas anteriores al 18 de marzo también podrán prorratear el pago: si es por energía eléctrica, el no pago acumulado no puede ser mayor a 10 UF, o si es por agua y gas, hasta 5 UF.
Aunque el texto apunta al 60 por ciento más vulnerable, el beneficio es prácticamente universal, ya que incluye adultos mayores que pueden no estar en ese grupo, así como a todos los demás clientes cesantes o bajo la Ley de Protección del Empleo; los independientes podrán, declaración jurada mediante, señalara a las empresas que no tienen recursos para pagar la deuda.
La ley, de promulgarse, también aplicará para hospitales, centros de salud, cárceles, hogares de menores y de ancianos, organizaciones sin fines de lucro o Bomberos.
Varios parlamentarios consideran que este proyecto va a servir como precedente de que el Estado puede tomar este tipo de medidas para proteger a los consumidores en situaciones especiales como esta.
Aprobado I Senado aprueba informe de comisión Mixta de proyecto que prohíbe el corte de luz, agua y gas durante alertas sanitarias.
La norma, originada en mociones parlamentarias, obtuvo 28 votos a favor y 10 abstenciones.
Proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley.
VA «MÁS ALLÁ» DEL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EMPRESAS
Para la senadora DC Yasna Provoste, esta ley «va más allá» del acuerdo alcanzado en marzo entre el Ejecutivo y las empresas, el cual contemplaba solo hasta el 40 por ciento más vulnerable de la población.
«Este es un beneficio que al menos el 60 por ciento de la población más vulnerable y a todos los casos especiales que cambiaron o cambian su situación debido a la pandemia van a poder acceder. Este proyecto de ley además incluye el gas de red, que no contemplaba el acuerdo del Gobierno», sostuvo.
Asimismo, esta iniciativa incluye que las empresas de internet deben proveer este servicio de forma gratuita para unos dos millones de estudiantes vulnerables.
DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
Durante la tramitación de esta norma, parlamentarios de la UDI volvieron a cuestionar su constitucionalidad, pese a las buenas intenciones, ya que estaría vulnerándose la garantía del derecho de propiedad de las empresas.
Incluso en su momento, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo una reserva de constitucionalidad de la iniciativa aprobada en la Cámara Baja y advirtió que posiblemente lo podían mandar al Tribunal Constitucional, sin embargo, posteriormente el Gobierno participó activamente de otro proyecto paralelo en el Senado, el que terminó fusionándose en la comisión mixta con el salido de la Cámara.
«Uno puede entender que hay una buena idea o un buen propósito, es razonable actuar de esa manera, pero al hacerlo no se repara cuales son los efectos constitucionales de esa acción y aquí se vulneran claramente el artículo 19, número 24 (derecho de propiedad) y 26 (afectación a los derechos garantizados en la Carta Magna) de la Constitución«, dijo el senador Juan Antonio Coloma.
Este jueves, en la sesión del Senado, intervino el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien se hizo cargo sobre las posibles observaciones de constitucionalidad.
«Nos parece que, incluso protegiendo la responsabilidad patrimonial del Estado, de eventuales demandas en sedes internacionales, no era acorde a la Constitución la forma en que esto se estaba planteando, porque eventualmente puede limitándose el derecho de propiedad, básicamente porque la postergación puede producir costos financieros», explicó la autoridad de Gobierno.
Asimismo, la senadora gremialista Ena von Baer advirtió que a partir de esta ley las empresas afectadas podrían demandar al Estado, mientras que su correligionario José Durana lamentó que la ley no establezca un límite máximo de consumo de agua potable para acceder al beneficio.
«SIMPLEMENTE SE POSTERGA EL PAGO POR RAZONES DE EMERGENCIA»
Mientras, el senador socialista José Miguel Insulza desestimó los cuestionamientos de la UDI, afirmando que «no le estamos quitando el agua a los señores propietarios ni dañando esencialmente su derecho como dice el (artículo 19) número 26 (de la Constitución) sino que simplemente postergando el pago por razones de emergencia y necesidad pública, no creo que esto sea una violación de la Constitución en ningún caso», enfatizó.
EL DESECHADO DEBATE SOBRE LÍMITE DE METRO CÚBICOS
Otro elemento que se discutió durante la tramitación de esta iniciativa fue el de fijar un límite de 15 metros cúbicos mensuales (15 mil litros de agua), lo que fue desechado en la comisión mixta debido a que estamos en medio de una pandemia y no se puede establecer un consumo máximo para obtener este beneficio.
Sobre este tema, el subsecretario Ossa planteó que «respecto al límite que en su minuto se impulsó para efectos del consumo de agua, en tiempos de sequía, en momentos en que las empresas sanitarias comienzan el proceso de ahorro de agua, nos parecía importante fijar un límite«.